Narcoestado en Colombia ¿Cómo superarlo?

Por Felipe Tascón Recio Cali, Colombia.

En Colombia la cocaína es dialéctica, es unidad y lucha de contrarios. Tiene su lado positivo como solución económica para un 2% de la población nacional, aislada y abandonada por el Estado en vastas zonas rurales. Pero también tiene su lado negativo con cuatro elementos: soporta la macroeconomía del régimen, daña el ambiente y sus capitales deforman la cultura social y controlan la política.

En el lado positivo, la coca para producir cocaína es solución parcial al colonialismo interno; ha servido para resolverle la vida de familias afros, indígenas y mestizas, abandonadas por el Estado y la oligarquía que lo detenta, quien entiende la periferia como enclave agrícola, minero o portuario, o simplemente la abandona si no tiene nada que exprimirle. La coca para cocaína es cultivada por familias que se arriesgan al ilícito al no tener otra fuente de ingresos. ¿Sus causas?: 1° la expulsión de las familias desde los valles fértiles e interconectados. 2° llegaron a tierras con agrología diversa, donde sus saberes agrícolas no aplican. 3° llegaron a zonas abandonadas por un Estado que no provee salud ni educación y aisladas por la desconexión vial con los mercados. Y 4° son familias a las que los Tratados de Libre Comercio les impusieron competir con granjas subsidiadas del hemisferio norte.

Así la coca para producir cocaína ha sido solución, porque en nuestro clima sus características económicas son: 1° se cosecha cada 2 o 3 meses; 2° dado el aislamiento se debe transformar hasta pasta básica de cocaína en las mismas áreas de cultivo; 3° en este proceso la merma en peso y volumen es de 500 veces, lo que permite transportar el producto desde zonas aisladas. Y 4° se trata de un mercado asegurado y con precio regulado en la ilegalidad, hoy sobre los 915 USD el kilo de pasta base en los enclaves productivos.

En el polo negativo, empecemos por su rol de renta macroeconómica de estabilización, que garantiza la gobernanza del régimen de ultraderecha. En una cárcel de Florida, Andres Arias “Uribito”, investigó que el precio FOB de la cocaína colombiana es USD 13,200 por kilo. Es esta la cifra que hay que multiplicar por la producción nacional de cocaína, la cual en el 2020 es de 1,010 T según el gobierno norteamericano, de donde a Colombia le ingresan 13,332 millones de dólares anuales. Pero al mismo tiempo las Naciones Unidas hablan de una producción superior de 1,228 T, así resulta un aporte de la cocaína a la economía nacional de 16,209 millones de dólares. Si consideramos que el Producto Interno Bruto colombiano el año pasado se calculó en 271,460 millones de dólares, resulta que el aporte de la cocaína al PIB oscila entre el 4,91 y el 5,97%. Tal es la magnitud de la droga a las rentas nacionales, su subsidio al capitalismo colombiano en crisis.

Continuemos con el daño ambiental, aclarando que los causantes del “ecocidio” provocado por la coca, no son las familias campesinas, sino la militarización de la política de drogas y en el fondo su prohibición. La guerra como única política pública respecto a la coca, focalizada en la aspersión aérea de glifosato envenena la población y las cuencas hidrográficas y produce la migración eterna de las siembras, la deforestación consecuente y el creciente uso de químicos, para acelerar el cultivo y procesar la hoja.

Mientras desde el ángulo social, la cocaína es factor de la cultura del dinero fácil, que desestimula a la inversión productiva y viabiliza el lavado. Aunque en el papel la interdicción se dirige sin distingos a todos los eslabones de la cadena, la aceptación social de personajes como Ñeñe Hernández o Memo Fantasma evidencian lo contrario, el narco está en la élite.

La cocaína empezó comprando elecciones en todo el espectro político, hasta llegar a imponer su inclusión en el poder hegemónico local, regional y central. Tres elementos de la guerra: la militarización de la política de drogas, la regulación violenta del proceso productivo de la cocaína y la corrupción del Estado por el narcotráfico, no sólo se entrecruzan, sino que son aristas de la presencia de los capitales de la cocaína en la hegemonía social, económica y sobre todo política del país. La prolongación at infinitum de la guerra contra las drogas, el boicot a la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz por parte de los gobiernos de Santos y Duque, con todas las implicaciones que conlleva para los derechos humanos de la población rural, tiene igualmente causa y origen en la participación de la cocaína dentro del poder constituido. Esta guerra desde sus inicios se concentra y se limita a combatir a las familias campesinas, precisamente como una estrategia para banalizar, ocultar a los verdaderos traficantes de la droga ilícita y así facilitar su inserción social en la economía y la política.

Por esto una de las tareas del Acuerdo de Paz fue falaz, hablo del llamado a controlar o eliminar la financiación de campañas políticas con recursos privados, verbigracia con la legitimación de las ganancias de la cocaína. Este elemento limita cualquier posibilidad de cambio de la política, en la medida que en el núcleo hegemónico del gobierno colombiano -en sus tres niveles- tiene asiento el narco, así el grueso de estos cambios necesarios es bloqueado en automático por tal hegemonía. De donde un elemento esencial para encontrar soluciones es que en las elecciones del 2022 cambie el rumbo del gobierno. Solo ganando la candidatura enfrentada al establecimiento, la modificación de la política de drogas y por ende la construcción de la democracia podrán llegar a buen puerto.

Colombia debe abrirse a la posibilidad de una regulación controlada del mercado de todas las drogas hoy declaradas ilícitas, sin esperar que esta modificación llegue prefabricada desde un marco legal internacional. Vale la evidencia de la abolición de la prohibición de la marihuana en la mayoría de los Estados Unidos, bien sea para uso medicinal o recreativo adulto, pero sobre todo el plebiscito del pasado 3 de noviembre de 2020 que derogó la prohibición de todas las drogas en el estado de Oregón. Nadie consideró que el marco legal internacional fuera impedimento a la hora de tumbar la prohibición en sus respectivos territorios. Además, siempre hay que tener presente que la cruzada se la inventó un solo país, aclarando que tal engendro coincidió con su emergencia como superpotencia mundial, por esto una lectura del proceso histórico desde el primer acto prohibicionista, un telegrama de 1903; la primera norma fiscal de prohibición, la ley Harrison de 1914; la Convención Única de Naciones Unidas de 1961 sobre Estupefacientes; y finalmente en 1982 la cruzada antidrogas de Reagan, nos señalan que este fue un proceso gradual. Así mismo el desmonte puede ser gradual, precisamente ahora que vivimos la declinación del “advocatus” de esta cruzada. Colombia debe abordar este proceso sin ningún temor frente a una norma fracasada, por más de que quien la esgrima sea -por ahora…- el poder hegemónico mundial.

Cualquier solución a las causas que provocaron la dedicación campesina a la economía ilegal de la coca, es decir cualquier remedio contra su exclusión de los territorios fértiles e interconectados, contra el abandono estatal y el aislamiento y contra la competencia desleal desde agriculturas subsidiadas, siempre tendrá que poner en primera línea a la organización campesina originaria, negra y mestiza. Como me lo dijo recientemente un líder afro del norte del Cauca.

Las organizaciones sociales de base juegan un papel muy importante en los territorios porque son el motor de las dinámicas participativas de la comunidad para poder seguir avanzando, es el ente donde nosotros como nos dicen los grandes industriales: donde los ignorantes se ilustran para solicitar una petición, eso son las organizaciones, el espacio de ilustración para las comunidades alejadas del Estado colombiano. Por eso mismo el gobierno no está de acuerdo con el fortalecimiento de estos entes territoriales porque cuando una comunidad se ilustra nadie le mete los dedos a la boca, porque dice; «Ey! eso tiene hueso, eso no me gusta», entonces si hay una ilustración no hay un engaño. (Entrevista junio 2021).

Vale hacer explícito como las modificaciones al punto sobre drogas del Acuerdo de Paz durante el gobierno Santos y luego su iliquidez durante el gobierno Duque, han sido los factores que alimentaron el resurgir del conflicto armado. En el mismo orden de ideas, vale tener claro que los niveles de cooptación del Estado por parte de los capitales de la cocaína son las causas reales de la no implementación de la paz.

También es importante hacer explícito, que es completamente errado negar la existencia actual del conflicto. Reducir el tema a unas bandas armadas dedicadas al narcotráfico es incongruente, no tiene ninguna relación con la realidad que está viviendo la población rural de todo el país y en especial el litoral Pacífico y la cordillera occidental de los Andes. Para superar el conflicto en Colombia, hay que recuperar el espíritu del Acuerdo de Paz, adecuándolo a las nuevas condiciones del estallido social del 2021.

No tengo duda que la única forma de aclimatar la democracia en Colombia pasa por superar el llamado problema de las drogas y que su superación equivale a iniciar el camino para abolir su prohibición y eliminar el estigma de las plantas que las producen. La meta es derogar toda prohibición, es decir que su producción sea legal y que su legalidad beneficie a las actuales familias productoras.

Este es un proceso gradual, pero hay que empezar. Hay que tener claro que en ese camino no basta una ley nacional, es imprescindible la labor conjunta con los demás países afectados. En Estados Unidos después del asesinato de George Floyd crece la masa crítica que quiere cambiar la actual política errada. También vale considerar la labor pionera del Uruguay en la regulación de la marihuana. Pero sobre todo hay que concentrar una estrategia con los actuales gobiernos progresistas de Bolivia, Perú y México, a los que debe sumarse -a partir del año entrante- el colombiano con Gustavo Petro a la cabeza. Nuestros países están llamados a liderar el cambio global del paradigma de las drogas y así eliminar la fuente que nutre al narcoestado.

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