Antecedentes de una Revolución

Por Ángel C. Colmenares

En relación al encabezado de prensa acerca de la destitución del abogado estatal de Manhattan por andar averiguando a los asociados de TRUMP, al cual no hicimos comentario alguno, incorporamos acá unas notas partiendo del texto del artículo que adjuntamos, cuya lectura no deja dudas de que, históricamente,  los fiscales han mantenido una práctica de operadores políticos y creer en “purezas institucionales” es ser víctima de mistificaciones ideológicas que no permiten aprehender lo concreto de la realidad; de la existencia, en toda sociedad escindida en clases sociales antagónicas, de la justicia clasista que por definición excluye cualquier posibilidad de “igualdad ante la ley”, como lo explica István MÉSZÁROS:  «De hecho la precondición para moverse en dirección a un orden social justificable es cambiar el orden invertido entre la justicia y la igualdad hoy prevaleciente. Porque la única manera posible de realmente fundar la justicia misma y sacarla así de la esfera de la mistificación ideológica y la manipulación cínica es haciendo de la igualdad sustantiva el principio regulador efectivo de todas las relaciones humanas».

TRUMP reclama ―por ejemplo― a gobernadores y alcaldes que restauren el orden alterado por los manifestantes (para él “matones”, “terroristas”, “saqueadores”, “piromaníacos” …) y les advierte que si no pueden hacerlo, él asumirá esa tarea arrogándose la representación de la ley y el orden. Pero tras bastidores mueve sus influencias, usa los recursos del Estado y desconoce normas jurídicas para defender a sus lugartenientes, a sus posiciones políticas (“jerarquías impuestas estructuralmente”) y a sus intereses particulares. Cero coincidencias entre discurso y praxis, pero, gracias a la impronta ideológica, la gente sigue creyendo en que “todos somos iguales ante la Ley”, en la existencia de “oportunidades para todos” y en todas las fantasías que el fetichismo (en este caso jurídico) le atornilla en el cerebro.

Aquí hay muchos ejemplos, de los cuales extraeremos dos para no extendernos en demasía:

A  Tenemos amigos y conocidos que han estado vinculados al mundo de la militancia política, y uno de ellos nos contaba que a finales de los años setenta se hallaba detenido en la sede de la DISIP en Caracas por el caso de un empresario estadounidense muy vinculado a la CIA, quien había sido capturado por un grupo revolucionario. La Fiscal del Ministerio Público (garante de los derechos de los detenidos, presuntamente inocentes hasta demostrarse lo contrario) designada para el caso era la esposa de un comisario policial llamado Erasto FERNÁNDEZ BETANCOURT, conocido torturador y miembro de un grupo de exterminio desde que era funcionario de la DIGEPOL. Ese comisario fue quien sirvió de enlace entre la CIA y la DISIP para el ingreso en ella de un terrorista internacional llamado Luis POSADA CARRILES cuyo código en la CIA era AMLEVE/15.  

¿No existía allí eso que denominan “conflicto de intereses”? La relación conyugal de la Fiscal con un jefe policial que por añadidura lideraba a un grupo de exterminio, ¿no la cuestionaba éticamente para desempeñar la tarea a ella asignada? Pero se impuso el pragmatismo de lo “políticamente correcto” y la señora continuó allí hasta que el caso fue transferido a Tribunales Militares.

B  Por esos mismos años se planteaba una reformulación de la División Internacional del Trabajo y aquí había hecho su debut la llamada “burguesía emergente”, cuya cabeza visible eran “Los doce Apóstoles”.

En trabajo publicado el 25 de febrero de 2012 en https://es.scribd.com/doc/82819603/Angel-C-Colmenares-E-ANTECEDENTES-SOCIO-POLITICOS-DEL-04F  hemos detallado y documentado el festín que el capital se dio en esos años sin que algún organismo estatal (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Comisiones Contra Enriquecimiento Ilícito) se diera por enterado y uno de cuyos casos transcribimos:

«Otro negocito bastante fructífero fue el de CEMENTOS CARIBE, empresa fundada el 11 de octubre de 1974 con capital de VEINTITRÉS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 23.000.000), bajo presidencia de Siro FEBRES CORDERO. El capital inicial es aumentado hasta CINCUENTA Y TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 53.000.000) en julio de 1975; a OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 81.400.000) en diciembre de 1975; a CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000) en marzo de 1977; a CIENTRO TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 103.000.000) en marzo de 1978 y a CIENTO CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 150.000.000) en noviembre de 1979.

En el financiamiento de la empresa participó el Fondo de Inversiones de Venezuela mediante préstamo concedido a la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) en 1975 para el aporte inicial de VEINTICINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 25.000.000) y un crédito a la misma CEMENTOS CARIBE por CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000).   Una jugada bastante “caribe” en la que participaron, entre otros, Siro FEBRES CORDERO, Gustavo CISNEROS, Arturo PÉREZ BRICEÑO, Pedro R. TINOCO, Enrique DELFINO, Edgar ESPEJO, Armando TAMAYO, Edgar SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Benvenuto BARSANTI, Umberto PETRICCA, Antonio TOFAN y Marcelino BARQUÍN.

El Estado venezolano financiaba a una empresa para el aporte inicial, le concedía créditos y avales, conservaba la minoría accionaria, garantizaba absorber cualquier pérdida y luego la beneficiaba con algunos contraticos multimillonarios para dejarla definitivamente en manos de un grupito.

¿Vamos captando el secreto de la propiedad “privada”?

En medio de aquella impune orgía depredadora contra las arcas nacionales a favor —principalmente— de la “burguesía emergente”, a mediados de 1977 el coronel (FAC) Oscar ÁLVAREZ BERIA, Superintendente de Protección al Consumidor, fue destituido por el ministro de Fomento, Luis ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, por negarse aquél a “hacer favores ilícitos” solicitados por autoridades de ese ministerio. El ministro informó que el militar había sido relevado de su cargo “por indisciplina”.

Esa mano abierta del Estado y el gobierno para con la burguesía —en todos sus estamentos— significaba el despojo de los derechos sociales, económicos y políticos para con el sector social dominado cuyos efectos pueden ser resumidos así:

1. corte presupuestario de inversiones sociales, mediante el cual los capitalistas obtuvieron ventajas adicionales privatizando educación, salud y seguridad pública;

2. aumento de la tasa de beneficios por manipulación de salarios e incremento de precios de los bienes de consumo y por el acceso —en condiciones de privilegio— a fuentes financieras estatales que teóricamente “pertenecían a todos los venezolanos”;

3. reducción de los derechos políticos y sociales a sectores populares mediante uso de recursos como ocultamiento de expedientes, dilación de respuestas ante reclamos legales, desconocimiento del derecho a huelga y permanente violación y suspensión de garantías constitucionales.»

Por cierto, Gustavo CISNEROS RENDILES, uno de los “Apóstoles” y figura relevante en el golpe de abril de 2002, es ahora “aliado para la producción” y socio de “Barrick Gold”, una de las firmas depredadoras del “Arco Minero”.

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